El Senado de la Nación convirtió hoy en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, marcando un cambio histórico en la legislación vigente desde 1980. La ley fue sancionada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para su plena entrada en vigencia.
Los puntos centrales de la reforma aprobada son:
Baja de la edad de imputabilidad: La edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado y condenado se reduce de 16 a 14 años.
Esquema de sanciones: Se establece un abanico de medidas que prioriza la reparación del daño y las tareas comunitarias para delitos menores.
Penas para delitos graves: Para hechos de extrema gravedad, se contemplan penas privativas de la libertad de hasta 15 años, aunque se mantiene la prohibición de la prisión perpetua para menores.
Separación de adultos: La ley garantiza que los adolescentes procesados o condenados cumplan sus medidas en establecimientos especializados, quedando terminantemente prohibido que compartan espacios con adultos.
Enfoque en la reinserción: Se incorporan programas educativos y de formación integral obligatorios para fomentar la reinserción social y familiar del joven.
Derechos de las víctimas: La normativa otorga a las víctimas el derecho a ser notificadas y escuchadas en todas las etapas del proceso, especialmente ante posibles beneficios de libertad del imputado.
Implementación federal: El Gobierno nacional acordó con las provincias un esquema de financiamiento (inicialmente estimado en $23.700 millones) para la adecuación de los sistemas judiciales y centros de alojamiento locales.
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