La Unión Cívica Radical (UCR) de Chubut volverá a reunir este sábado 29 de agosto de 2026 a sus máximas autoridades en la cordillera, tras una ajustada definición del Comité Provincia que eligió a Esquel como la sede de su Convención Provincial.
Sin embargo, lo que se perfilaba como un plenario estrictamente institucional para la renovación de autoridades partidarias se ha transformado en un escenario de altísimo voltaje político. En las últimas horas, diversas intervenciones periodísticas locales y provinciales expusieron una serie de presiones y «aprietes» de índole político dirigidos a condicionar la cobertura del evento y a silenciar el descontento de las facciones internas.
Las claves de la fractura interna
El plenario, que tendrá lugar en las instalaciones de la Sociedad Rural de Esquel, expondrá las profundas grietas que dividen al radicalismo chubutense:
- La Ley de Reelecciones: La reciente derogación de la norma que limitaba los mandatos consecutivos de los intendentes provocó un fuerte quiebre, generando enojo en dirigentes del interior que veían bloqueadas sus proyecciones políticas.
- Duelo territorial: La conducción del Comité Provincia —que deja el vicegobernador Gustavo Menna— se disputa voto a voto entre Gerardo Merino (intendente de Trelew y apoyado por el oficialismo del valle) y Sergio Guajardo (referente de El Maitén que nuclea el descontento de las comunas rurales).
- El reclamo del interior: Sectores cordilleranos y de la meseta denunciaron públicamente sentirse «desatendidos» por las cúpulas partidarias tradicionales.
Denuncias de aprietes a la prensa
El clima de hostilidad traspasó las paredes de los comités y llegó a las redacciones. En vísperas del encuentro, periodistas y comunicadores de la región denunciaron de manera pública y a través de editoriales radiales haber recibido sutiles pero firmes «aprietes» por parte de operadores políticos de las distintas líneas en pugna.
Según lo expuesto en los principales medios de la provincia, estas maniobras buscaron restringir las entrevistas a los dirigentes disidentes del interior, condicionar pautas publicitarias e intentar moldear la opinión pública de cara a una votación que podría forzarse a ser bajo la modalidad de sufragio secreto para evitar represalias políticas. La gravedad de las intervenciones periodísticas que destaparon estas presiones obligó a los organizadores a ratificar que el plenario contará con un reglamento estricto, debatiéndose aún si se dará libre acceso a toda la prensa local para garantizar la transparencia institucional.
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