CHUBUT | Con el objetivo de resguardar los recursos naturales y la biodiversidad, la Fiscalía articuló con éxito un proceso de conciliación penal orientado a lograr el cese definitivo de las actividades que afectaban el equilibrio ecológico de la laguna Brychan. La investigación del caso estuvo a cargo de la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato, de la Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal.
El procedimiento se sustentó en los principios procesales que priorizan la mínima intervención penal y el uso de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos ambientales. Mediante este abordaje, el objetivo central de las actuaciones consistió en detener la afectación y promover la restauración del bien colectivo, bajo los lineamientos constitucionales de prevención, precaución, recomposición, participación ciudadana y desarrollo sostenible.
La intervención de la sede penal se apoyó en un robusto marco normativo que incluyó las garantías del artículo 41 de la Constitución Nacional, los preceptos de la Ley General del Ambiente N.º 25.675, las disposiciones aplicables del Código Civil y Comercial de la Nación y la legislación provincial en materia ambiental.
Bagnato resaltó que fue clave para la investigación el aporte del CIEMEP CONICET, Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco).
Naturaleza del acuerdo y confidencialidad
La conciliación constituye un proceso de común acuerdo entre las partes involucradas, donde se consensúan soluciones efectivas para neutralizar el daño ambiental. En ese sentido, las partes aceptaron formalmente el proceso reconociendo su finalidad eminentemente restaurativa y preventiva, con el firme propósito de preservar la integridad ecológica del cuerpo de agua.
Asimismo, se enfatizó que tanto los términos de las conversaciones como los compromisos específicos asumidos revisten carácter confidencial, por lo cual los detalles puntuales de lo pactado no pueden hacerse públicos.
Preservación de facultades administrativas
Si bien la vía penal alcanzó una solución mediante la conciliación, se aclaró que lo dispuesto en este ámbito no limita ni condiciona las competencias de los organismos de control estatal.
En efecto, el Instituto Provincial del Agua (IPA), la autoridad ambiental provincial y la Municipalidad de Trevelin mantienen plenamente sus facultades de fiscalización, control y eventual sanción sobre el sector, garantizando un esquema integral de tutela sobre el ecosistema protegido. Fuente MPF
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